Se denuncia la existencia de "grupos de choque" organizados que participan en las manifestaciones, convocados por el peronismo, la CGT y la izquierda. Se cuestiona la falta de responsabilidad de estas organizaciones sobre los actos violentos y de vandalismo que se producen.
Se expresa la necesidad de que los actos de violencia tengan un costo económico para quienes los perpetran, con el fin de disuadirlos y frenar futuras manifestaciones de este tipo.