Se cuestiona la falta de rendición de cuentas de las autoridades ante el Congreso, considerándola una amenaza a la Constitución Nacional. Se argumenta que el derecho a protestar y a la huelga están siendo criminalizados a través de un protocolo de seguridad.
Se compara la situación actual con la represión que terminó con la vida de Costec y Santillán, calificando las acciones del gobierno de "casa de brujas" y "persecución". Se critica el protocolo de seguridad implementado por Patricia Bullrich cuando era ministra, el cual, según se expone, habilita a las fuerzas federales a actuar como si estuvieran en flagrancia, vulnerando el derecho constitucional a la protesta.