Se denunció que durante el gobierno de Néstor Kirchner se compraron tierras fiscales a bajo precio y se revendieron con una ganancia del 1500%, lo que se consideró una pérdida de soberanía y un ejemplo de "estatuto legal del coloniaje".
Se afirmó que la nueva ley busca proteger a los ciudadanos de la apropiación de tierras por parte de organizaciones mafiosas y del propio Estado, garantizando la justicia y el respeto a la propiedad privada.