Se cuestiona la narrativa oficial sobre la represión, señalando que el gobierno de Javier Milei utiliza la fuerza policial para dispersar manifestaciones pacíficas, a pesar de que la mayoría de los asistentes eran familias y personas mayores.
Se critica la supuesta "ciudad sitiada" y se compara la situación con eventos pasados, sugiriendo que la represión es una táctica para amedrentar a la población y justificar medidas gubernamentales, como la ley de fuego.