Se reiteró la defensa de la ley de expropiaciones, enfocándose en la restitución de derechos constitucionales a los ciudadanos y la limitación del poder del Estado. Se enfatizó que la utilidad pública se interpretará de forma restrictiva, asegurando que el Estado justifique y pague lo justo antes de transferir la propiedad.
Se destacó la implementación de la "ley Pierri", que en la década de 1990 saneó 300 mil títulos de propiedad, como un antecedente para regularizar la situación de muchos argentinos. Se proyecta que con la actualización de esta ley y un sistema de digitalización, se podrán lograr muchos más títulos.
Se hizo hincapié en que la nueva ley no favorece a los usurpadores, sino a quienes obtuvieron propiedades lícitamente y de forma pacífica. Se busca brindar certeza y seguridad jurídica a los propietarios.
Se mencionó la comisión redactora del Código Civil y Comercial de 2012, liderada por Lorenzetti, como un punto de referencia para entender la evolución de la legislación en materia de propiedad.