Se plantea la necesidad de diferenciar entre delincuentes y extranjeros que buscan oportunidades en Argentina. Se argumenta que el Estado debe actuar contra los delincuentes, sin importar su nacionalidad, y que deben ser castigados en sus países de origen si es necesario.
Se cuestiona la hipocresía de ciertas actitudes, comparando la situación con la reciprocidad que se espera cuando los argentinos viajan a otros países. Se menciona que la letra muerta de la ley a veces no se aplica a la realidad, como en el caso de extranjeros tomando edificios en la capital federal.