El estado de excepción en Ecuador, a diferencia de otros países como Perú o El Salvador, es considerado débil ya que no permite la privación de libertad sin orden judicial, una medida crucial en casos de emergencia.
Se destaca la necesidad de reformar el Código Orgánico Integral Penal para evitar la concesión arbitraria de medidas sustitutivas y la liberación de delincuentes. La falta de control sobre jueces y fiscales que otorgan estas medidas contribuye a la impunidad.
Se menciona el caso de una jueza sancionada por exonerar a pobladores que apedrearon la caravana presidencial, mientras jueces que liberan a miembros del crimen organizado no enfrentan sanciones. Esto evidencia una falla estructural en el sistema judicial.
La ausencia de una política de rehabilitación social efectiva, la no ejecución de penas y la concesión discrecional de medidas sustitutivas a miembros del crimen organizado, en lugar de a personas con discapacidad o perseguidos políticos, deterioran la confianza en las instituciones y perpetúan la inseguridad.