Durante el debate en el Senado, se criticó la expropiación de YPF, calificándola como una "estafa" y señalando que los costos recayeron sobre todos los argentinos.
Se cuestionó la interpretación laxa de la "utilidad pública" para justificar el poder estatal sobre la propiedad privada, lo que resultaba en demoras y pagos insuficientes a los propietarios afectados.
Se propuso una interpretación restrictiva de la utilidad pública, exigiendo que sea necesaria, idónea y proporcional, y que las indemnizaciones se paguen antes de la expropiación.