Se defendió la ley de expropiaciones, argumentando que limita el poder del Estado y protege a los ciudadanos que fueron expropiados y tardaron años en cobrar. Se mencionó el caso del Palacio Ferreira en Córdoba, expropiado en 2005 y pagado con una cifra irrisoria en 2017.
Se criticó la expropiación de YPF, calificándola de "la mayor estafa", y se señaló que el Estado fue el peor enemigo del ciudadano en materia de expropiaciones, pagando sumas irrisorias y generando juicios en el exterior.
La nueva ley busca devolver derechos constitucionales, interpretando la utilidad pública de manera restrictiva y exigiendo que el Estado justifique, pague lo justo y recién después transfiera la propiedad. Se busca terminar con el robo de ciudadanos al Estado.
Se propone la "ley Pierri", que en la década del 90 saneó 300 mil títulos, para actualizarla y permitir que personas con causa lícita puedan obtener sus títulos de propiedad, estimando que se podrían lograr muchos más títulos con el nuevo sistema de digitalización.