La actual ley de manejo del fuego establece restricciones de 30 a 60 años para la modificación de terrenos incendiados, buscando prevenir la siembra de soja en áreas de bosques protegidos.
Se denuncia que el 95% de los incendios en Córdoba son intencionales y que la ley actual no prevé sanciones suficientes para quienes provocan estos siniestros, lo que genera impunidad.