Se plantea la sospecha de que Javier Milei estaría cobrando por sus opiniones y participación en encuentros libertarios, lo cual sería ilegal según la Constitución Nacional y la Ley de Ética Pública.
Se recuerda que Milei mismo admitió en el pasado que cobraba por sus opiniones y que, como presidente, su tarifa sería aún mayor, lo que se interpreta como una confesión implícita de un hecho ilícito.
Se cita el Artículo 92 de la Constitución Nacional, que prohíbe al presidente ejercer otro empleo o recibir emolumentos adicionales, y la Ley de Ética Pública, que veda a los funcionarios recibir beneficios económicos.