Se critica la gestión de Javier Milei, acusando a su gobierno de desmantelar empresas del Estado como la energía nuclear, el INTA y el INTI, y de vender bienes estatales a bajo precio a través de testaferros.
Se denuncia que los ministros rinden cuentas a la directora del FMI, quien visita el país para supervisar el uso de los recursos, como el petróleo.
Se califica la modificación de la ley de expropiaciones como inconstitucional y un robo a cara descubierta, diseñada para que el Estado no pueda recuperar los bienes privatizados.