Se discuten en el Senado modificaciones a la ley de expropiaciones que buscan aumentar la seguridad jurídica para los inversores, tanto nacionales como extranjeros.
Las nuevas disposiciones establecen que el Estado deberá justificar la necesidad de la expropiación y pagar una indemnización completa, incluyendo el lucro cesante, antes de tomar posesión del bien. Esto se contrapone a la práctica anterior donde solo se cubría el valor de tasación.
La medida busca atraer capitales al país, garantizando que las inversiones no serán objeto de expropiaciones arbitrarias. Se menciona el caso de inversiones chinas en la Patagonia como antecedente de acuerdos a largo plazo.