Se cuestiona la invocación de la "utilidad pública" por parte del Estado para obtener poder ilimitado sobre las propiedades, lo que generaba litigios y demoras en el pago de indemnizaciones, perjudicando al ciudadano. Se afirma que la nueva ley devuelve derechos constitucionales, interpretando la utilidad pública de forma restrictiva (necesaria, idónea, proporcional) y pagando indemnizaciones previamente.
Se menciona la ley Pierri de la década del 90 que saneó 300 mil títulos y se propone actualizarla para lograr un sistema de títulos fácil y digitalizado, beneficiando a quienes tienen causas lícitas de propiedad.
Se trae a colación el artículo 241 del proyecto de Código Civil y Comercial de 2012, que incorporó el derecho humano al acceso al agua potable, y se pregunta qué hizo la presidente Cristina Fernández de Kirchner al respecto.