Se defendió la nueva ley de expropiaciones, argumentando que devuelve derechos constitucionales a los ciudadanos y limita el poder del Estado.
Se afirmó que la "utilidad pública" se interpretará de manera restrictiva, requiriendo que sea necesaria, idónea y proporcional, y no un capricho estatal como "hacer una cancha de golf".
Se mencionó la ley Pierri de la década del 90 como un antecedente para sanear títulos de propiedad, sugiriendo que la nueva ley actualizará ese concepto.
Se enfatizó que el Estado deberá justificar la expropiación, pagar lo justo y recién después transferir la propiedad, para evitar el "robo de los ciudadanos".