Se denunció que el gobierno implementó una reforma laboral que penaliza las protestas y los paros.
Se señaló que la reforma obliga a garantizar un porcentaje de personal trabajando en muchas actividades, limitando el derecho a huelga.
Se afirmó que el trabajador está perdiendo "absolutamente todos los libros" de derechos.
Se argumentó que el plan del gobierno busca debilitar económicamente a la gente y castigarla si protesta.