Una senadora defendió la limitación del poder del Estado en las expropiaciones, argumentando que el Estado ha sido el "peor enemigo del ciudadano" al pagar indemnizaciones "migajas" y con demoras promedio de 18 años, como en el caso del Palacio Ferreira en Córdoba (expropiado en 2005 y pagado en 2017 con una cifra irrisoria).
Señaló que la nueva ley busca devolver derechos constitucionales a los ciudadanos, interpretando la utilidad pública de manera restrictiva y pagando indemnizaciones de forma previa. Puso como ejemplo la expropiación de YPF, que calificó como "la mayor estafa" cometida.