Se cuestiona la constitucionalidad de la ley de expropiación, citando al senador Zamora.
Se acusa al equipo del gobierno y a su entorno de "robar los bienes del Estado" y desmantelar empresas públicas como la energía nuclear, el INTA y el INTI.
Se argumenta que la ley contradice la Constitución al no prever la expropiación para utilidad pública con indemnización.