Se generó un debate sobre la pertinencia de encarcelar a ex presidentes condenados por corrupción, con posturas encontradas sobre si esto debilita la institucionalidad del país o si es un reflejo de la igualdad ante la ley.
Se argumentó que la detención de exmandatarios, como en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, Javier Milei, Mauricio Macri y Carlos Menem, puede ser vista como un signo de debilidad institucional, citando el ejemplo de Perú.
Sin embargo, se contrapuso que la corrupción es un delito que debe ser castigado sin importar el cargo, y que la igualdad ante la ley es un principio fundamental, aunque se reconoció la complejidad de la situación y la politización de ciertas causas.