Se debate si el consumo de drogas debe ser considerado un delito o un problema de salud pública. Se argumenta que no debería ser obligatorio realizar pruebas como la rinoscopía, ya que atenta contra la libertad de conciencia y no es un delito en sí mismo.
Se critica el "doble mensaje" de figuras públicas que pregonan contra las drogas y el feminismo, pero luego se ven envueltos en situaciones que contradicen esos principios. Se sugiere que la responsabilidad pública debería incluir la realización voluntaria de este tipo de pruebas para generar transparencia.