El gobierno buscaba aprobar cinco puntos clave en una ley que ya llegó al recinto el jueves. Entre ellos se encontraba la modificación de la ley de manejo del fuego, que levantaría una prohibición de 60 años para la utilización de tierras que podrían haber sido quemadas intencionalmente. También se buscaba restringir la capacidad expropiatoria del Estado, dificultando que el Estado adquiera tierras para el bien común, como la construcción de una autopista. Finalmente, se apuntaba al régimen de barrios populares, específicamente a la venta de tierras en estos barrios a desarrolladores inmobiliarios, con el Barrio 31 como foco principal.
Sin embargo, el gobierno tuvo que dar de baja varios de estos puntos, lo que significó una victoria pírrica. Se cayó por completo el capítulo de la ley de tierras, considerado la parte central de la ley. La segunda medida más importante, estrictamente vinculada con la ley de tierras, era la ley de manejo del fuego, que permitía la venta del 25% de una provincia a un extranjero y levantaba la prohibición de desarrollar tierras previamente incendiadas. El tercer punto importante, aunque quedó algo de costado, era la supresión de modificaciones a la ley de barrios populares. Los tres proyectos más importantes quedaron afuera.