Tras la caída de los puntos más importantes, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada quedó reducida a aspectos secundarios. Se mantuvieron nuevas reglas para los desalojos express, principalmente aplicables en la Ciudad de Buenos Aires, aunque se anticipa la posibilidad de judicialización por considerarse una "vergüenza".
También se establecieron límites estrictos a las expropiaciones, dificultando al Estado la adquisición de tierras para el bien común. Finalmente, se incluyó una modificación para la digitalización de archivos, considerada de menor relevancia.