La nueva ley busca agilizar los procesos de desalojo y usurpación, estableciendo juicios "express" para intervenir organismos de manera acelerada. Si bien la medida es positiva para la defensa de la propiedad privada, se aclara que rige para la Ciudad de Buenos Aires y no contempla específicamente a la Provincia de Buenos Aires, donde la aplicación del código civil genera particularidades.
El debate político generado por la ley de tierras, impulsada por Sturzenegger, opacó los avances en temas cruciales como los desalojos. Esta controversia también afectó la estrategia de Santilli de negociar con los gobernadores, generando dudas sobre el futuro acompañamiento de estos al gobierno.