Se presentó una demanda judicial contra la privatización de AISA, empresa estatal de agua y cloacas en la provincia de Buenos Aires.
La oposición se basa en que la privatización no solo dejaría a miles de argentinos sin acceso a servicios básicos, sino que también ignora un pasivo ambiental cuantioso que debería ser asumido por la empresa antes de su venta.
Se argumenta que AISA, al ser una empresa eficiente y segura, tiene como prioridad atender a los sectores más vulnerables, una prioridad que se vería alterada si la gestión pasa a manos privadas, priorizando la rentabilidad sobre las necesidades sociales.