Se advierte que la conversación sobre la desconfianza en las instituciones (periodismo, política, justicia, etc.) podría empeorar en los próximos años, llevando a una menor creencia generalizada.
Se plantea la interrogante sobre si una política de Estado podría solucionar esta crisis de confianza, aunque se reconoce la dificultad de definir cuál sería esa política.
Se critica la idea de que las soluciones sean simples, como que los políticos cobren menos, y se señala que el sistema actual ha llevado a que solo personas con mucho dinero o con intenciones de corrupción lleguen al poder.