Se cuestiona la distribución de recursos destinados a la seguridad en La Matanza, un distrito con una gran población y extensión territorial.
A pesar de la entrega de patrulleros y motos, se señala la existencia de "guardias urbanas" sin poder de policía real, lo que genera confusión y falta de respuesta ante emergencias.
Se debate sobre la conveniencia de que la provincia, en lugar del municipio, compre los móviles policiales para optimizar la inversión y evitar posibles negociados. La falta de semáforos funcionales y el cobro de multas para recaudar también son mencionados como problemas.