Se criticó la lentitud y obsolescencia del sistema judicial argentino, con un Código Penal de 1925 que no se adecúa a la realidad actual.
Se cuestionó la falta de voluntad política de los legisladores para actualizar las leyes y la tendencia a beneficiar a los delincuentes en detrimento de la seguridad ciudadana.
Se propuso la implementación de penas más severas, como la perpetua real, similar a las de otros países, para hacer frente a la creciente delincuencia.