Se generó un debate sobre el adoctrinamiento en universidades y colegios, con acusaciones de que se impone una ideología de género y se utiliza lenguaje inclusivo de forma obligatoria. Se mencionó un caso en un municipio donde se habría despedido a personal por no adherirse a estas prácticas.
Se defendió la libertad de conciencia y expresión, argumentando que no se debe imponer una visión política particular ni calificar a quienes piensan diferente como "asesinos" o "demonios".
Se cuestionó la hipocresía de quienes critican al liberalismo o a la derecha mientras ellos mismos adoctrinan y manipulan, y se instó a condenar estas prácticas para preservar los valores democráticos y de convivencia.