Se denunció un presunto "pacto de impunidad" tras la votación unánime en el Senado para designar a sesenta y tres jueces. Se criticó que peronistas, macristas y libertarios hayan votado en conjunto, sugiriendo que esto demuestra una justicia "atada a la política".
Se argumentó que la falta de independencia judicial genera inseguridad jurídica y afecta la confianza de los inversores y mercados.
Se mencionó la existencia de un acuerdo entre Herrero y Olivera en este tema, y se criticó la falta de empatía de la dirigencia política ante la difícil situación económica que atraviesa la población, con millones de personas endeudadas.