Una diputada genera controversia al afirmar que las víctimas de los préstamos usureros son en realidad los acreedores, argumentando que son ellos quienes se encuentran en situación de debilidad al no poder cobrar. Esta declaración es recibida con incredulidad y repudio.
Se compara a la diputada con figuras políticas conservadoras, y se cuestiona la lógica detrás de su afirmación, que parece defender a quienes se aprovechan de la necesidad ajena. La situación evidencia una profunda crisis de valores y una distorsión de la realidad en el debate público sobre la usura.