El gobierno de Javier Milei, con la presunta complicidad de empresarios de la UIA, CAME y AEA, protagonizó un escandaloso final en el consejo del salario mínimo, vital y móvil. La CGT y las dos CTA se retiraron del encuentro ante la falta de acuerdo.
Ante este escenario, el gobierno se encamina a fijar la actualización salarial por decreto, una medida que ya se ha vuelto habitual desde el año 2020, actuando de forma unilateral.