Donald Trump ha iniciado su segunda presidencia con una política de mano dura contra la inmigración, impulsando la mayor campaña de deportación masiva en la historia de Estados Unidos. Julio fue el mes con más arrestos realizados por el servicio de inmigración, superando los 50.000, un 70% más que en febrero.
Texas y Florida concentran casi 20.000 de estos arrestos, evidenciando la importancia de estos estados en la política antiinmigración de Trump. A pesar de una disminución temporal tras tiroteos y protestas contra la brutalidad policial, las cifras se han disparado nuevamente.
Abogados y defensores de migrantes señalan un cambio de estrategia por parte de la administración Trump, que habría dejado de lado las redadas militarizadas de alto perfil para implementar otras tácticas. El Departamento de Seguridad Nacional ha recibido una asignación de 70 mil millones de dólares, lo que se traduce en un aumento en la contratación de agentes y un programa que autoriza a agencias policiales a realizar controles de inmigración.
Aunque la administración insiste en detener a personas con antecedentes delictivos, datos de julio revelan que más de la mitad de los arrestados no enfrentaban cargos penales, lo que genera preocupación entre los defensores de derechos humanos.