El fiscal Eduardo Tallano solicitó investigar a Cristina Kirchner por el delito de lavado de dinero y administración fraudulenta, debido a inconsistencias patrimoniales y numerosos viajes al exterior.
La investigación también abarca la adquisición de propiedades, como la ubicada en San José 1111. La defensa de Kirchner argumenta persecución política y argumenta que ha sido condenada por su condición de mujer.