La designación de jueces en Argentina generó tensiones internas, especialmente dentro del peronismo, y se vincula a debates sobre la justicia, la impunidad, la corrupción y la seguridad.
La encuesta previa a la gestión de Milei mostraba una percepción de retroceso en áreas clave como el poder adquisitivo y el funcionamiento de la justicia, sin importar la afiliación política de los votantes. Esto contrasta con la visión de algunos votantes de Milei que perciben mejoras en la economía y la eficiencia del Estado.
Se plantea la dicotomía entre la narrativa oficial de "sacrificio" y la percepción ciudadana de falta de logros concretos, mientras que el gobierno intenta asustar con el regreso del peronismo, una estrategia que, según los analistas, pierde efectividad.