Se cuestionó el alto costo de la dieta de los senadores, que alcanzaría los 13 millones de pesos mensuales, considerándola excesiva. Se planteó que, a diferencia de personal de fuerzas de seguridad como gendarmes o policías que reciben desarraigo por trabajar lejos de sus provincias, los senadores no tendrían justificación para un monto similar.
Se comparó la situación con la de los efectivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad, quienes reciben aumentos salariales menores y no cuentan con los mismos beneficios. Se señaló que, si bien los senadores pueden argumentar desarraigo, la magnitud de su dieta resulta desproporcionada en comparación con otros sectores del Estado.