Se plantea la disyuntiva de si Cristina Kirchner debería estar en una cárcel común, considerando que su situación actual le permite moverse con libertad y realizar actividades como comprar un departamento.
Se argumenta que, tratándola como a cualquier otro delincuente condenado, su accionar sería visto como inaceptable y que la percepción de "presa política" es utilizada para evadir la responsabilidad y la igualdad ante la ley.