Se especula sobre un posible proyecto de ley que impondría sanciones a empresas que operan en Malvinas sin autorización argentina. Se cuestiona la postura de la oposición, que podría oponerse a esta medida simplemente por ser impulsada por el gobierno de Milei, a pesar de su supuesta defensa histórica de la causa Malvinas. Se argumenta que la oposición podría caer en una postura mezquina, priorizando la crítica política sobre el interés nacional.
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