La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en primera legislatura una reforma constitucional que busca consolidar el poder de la fórmula Ortega Murillo, limitando la participación de opositores y evitando la alternancia presidencial.
La reforma establece mecanismos para impedir la participación política de ciertos opositores y otorga mayores facultades al Consejo Supremo Electoral para sancionar partidos y candidaturas. El gobierno justifica estas medidas como una garantía contra "vendepatrias" y "golpistas".
La aprobación de esta reforma ha generado preocupación en la Organización de Estados Americanos (OEA), que convocará a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores el próximo 17 de septiembre.