Se critica la práctica de presionar a periodistas para que no informen sobre ciertos temas, mencionando el caso de un ministro que habría llamado a Daniel Vila para pedirle que intercediera ante Luis Novarecio por una nota sobre inseguridad en La Matanza.
Se defiende el derecho de los periodistas a informar y el de los funcionarios a responder, pero se rechaza categóricamente el intento de "apretar" o coaccionar a la prensa. Se diferencia esta práctica de la respuesta directa de un funcionario a un periodista, como ocurrió en el caso de Petodolo, donde la ministra aclaró la situación directamente. Se subraya la importancia de la libertad de prensa y se condena cualquier intento de censura.