El gobierno boliviano analiza la continuidad del estado de excepción, que finalizó tras 18 días y fue implementado luego de 53 días de bloqueos en mayo y junio. La medida, que incluye el despliegue militar en carreteras y calles, genera controversia entre diversos sectores sociales que expresaron su desacuerdo con una posible ampliación.
La discusión surge en un contexto de persistentes problemas como el desabastecimiento de combustible, largas filas para obtener diésel, el aumento del dólar y el rechazo al decreto supremo 5.676 que modificó el régimen de subsidios energéticos para grandes consumidores.