Se debate la efectividad de la legislación argentina para proteger los recursos petroleros en la plataforma continental de Malvinas frente a la actividad de empresas como Navitas y Rockhopper.
Se menciona que existe una ley de 2013 que prevé penas de prisión para directivos de empresas petroleras que extraigan hidrocarburos sin permiso, pero el gobierno de Javier Milei no la estaría aplicando.
Se recuerda que en 2015, Paula Marucit denunció la intervención de Navitas, y en 2010, Cristina Fernández de Kirchner ya había hecho referencia a la exploración en la zona ante la ONU.