Se generó un debate sobre la efectividad de las políticas públicas para abordar la violencia de género y los femicidios en Argentina.
Una de las posturas argumentaba que el Estado nacional debería encargarse de la política internacional, económica y social, mientras que los estados provinciales y municipios, por su cercanía con la población, deberían atender problemas más locales.
La otra perspectiva enfatizaba la necesidad de políticas públicas a nivel nacional para erradicar la violencia de género, señalando que la situación actual, con una mujer asesinada cada 34 horas, es inaceptable y requiere acción gubernamental concreta, no solo delegación a las jurisdicciones.
Se cuestionó si la creación de un Ministerio de la Mujer y la asignación de fondos son suficientes, y se debatió sobre si los gobiernos deben implementar políticas que reflejen la voluntad de la mayoría de los votantes o si deben garantizar derechos esenciales como la vida de las mujeres independientemente de los resultados electorales.