El sector agropecuario expresó sus demandas al gobierno, solicitando principalmente una reducción de los impuestos distorsivos para fomentar la competitividad. Los representantes del campo argumentaron que estos impuestos dificultan la expansión de la producción agrícola y la generación de divisas necesarias para el país.
Se planteó la necesidad de mantener la competitividad a través de la baja de impuestos y retenciones, y se cuestionó el cumplimiento de la promesa de campaña de eliminar las retenciones, señalando que se mantienen como un impuesto de emergencia para el déficit fiscal.
El debate también abordó la política económica del gobierno, con algunas voces indicando que no se han realizado cambios significativos, mientras que otros expresaron la necesidad de generar 7 mil millones de dólares adicionales para el país.