Se discute la profunda conexión entre la política y el contrabando en la Argentina, señalando que es un negocio histórico que se renueva con cada gestión.
Se ejemplifica con el contrabando de aceite hacia Uruguay y Brasil, y se cuestiona la falta de información sobre quiénes son los mayores beneficiarios de estas actividades ilegales.
Se critica la inacción de las fuerzas de seguridad como Gendarmería y Prefectura, sugiriendo que su presencia es meramente una simulación para justificar sus salarios, mientras los verdaderos responsables operan impunemente.