Se denuncia un desfinanciamiento sistemático de la ciencia y tecnología en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei, con recortes presupuestarios del 50% a la ciencia básica y del 35% a la aplicada. Esta política contrasta con la inversión que realizan los países desarrollados en estas áreas para impulsar el crecimiento.
La decisión de priorizar la ciencia aplicada sobre la básica, y la falta de becas para proyectos fundamentales, desalienta a las nuevas generaciones de investigadores y limita el desarrollo del país. Se critica al gobierno por "destrozar" el sistema científico-tecnológico, afectando áreas clave como el CONICET.