Se investiga un presunto desvío de fondos en la Dirección Nacional de Vialidad durante la gestión de Javier Iguazel. Se habrían comprometido 1.300 millones de pesos para obras de seguridad vial que no se habrían realizado o se habrían hecho de forma deficiente.
La Asociación Argentina de Carreteras realizó un relevamiento que evidenció la falta de señalización moderna e inteligente en las rutas. Se vincula esta situación con el "macrimileismo" y se critica la lentitud de la justicia, representada por el juez Julián Ercolini, en investigar estas causas.