El Congreso de Nicaragua, controlado por el oficialismo, aprobó una reforma constitucional que prohíbe la participación de partidos opositores en elecciones y extiende el mandato presidencial de seis a siete años.
Washington exhortó a sus aliados a finalizar cualquier vínculo con el régimen de Nicaragua tras la decisión del Congreso. El secretario de Estado Marco Rubio llamó a poner fin inmediato a las operaciones con la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Rubio afirmó que las dictaduras que niegan derechos inalienables a sus ciudadanos no deben gozar de los mismos beneficios económicos o políticos que los gobiernos comprometidos con la defensa de la paz y la seguridad hemisféricas.
Ortega y Murillo gobiernan con poder absoluto y control sobre la sociedad nicaragüense, escenario que se agrava tras la represión de las protestas de 2018, que dejó cientos de muertos y exiliados. Estados Unidos ha incrementado la presión económica y diplomática sobre Managua con sanciones y la movilización de sus aliados en América.