El gobierno argentino reafirma la soberanía sobre las Islas Malvinas y busca frenar la explotación ilegal de hidrocarburos mediante sanciones a empresas que operan sin permiso. Se avanza en la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego, que será un polo logístico en el Atlántico Sur.
Se modificará la ley 26.659 para endurecer las penas contra compañías infractoras y sus proveedores, inhabilitándolas para operar en territorio argentino. Se creará el Consejo de Seguridad Nacional para monitorear el Atlántico Sur y la Antártida, reforzando la vigilancia aeroespacial y marítima.