Como respuesta a la amenaza sobre Malvinas, el gobierno argentino desplegará herramientas diplomáticas, económicas y legales, y enviará un decreto para agilizar sanciones contra empresas involucradas en la explotación de recursos en las islas.
Se anuncia la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y el fortalecimiento de capacidades en telecomunicaciones, buscando endurecer las penas contra compañías y proveedores que operen sin autorización argentina.