El gobierno argentino, a través de la Cancillería, ha enviado numerosas notas a empresas y países involucrados en proyectos de extracción de petróleo en territorio de las Islas Malvinas. Se ha emitido un decreto para agilizar sanciones contra quienes participen en estas iniciativas sin autorización argentina.
Las sanciones buscan inhabilitar a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las Malvinas. Se les da la opción de elegir entre operar ilegalmente en un territorio disputado o hacerlo de forma rentable y segura en Argentina.
Las empresas involucradas, como Silayon, han respondido desafiando al gobierno argentino y afirmando que no detendrán la explotación, ya que cuentan con licencias otorgadas por el gobierno de las islas y el apoyo británico. Se espera que estos acontecimientos tengan efectos materiales en el proyecto.